Una bandera de campaña presidencial, en muchos países, es la mejora de las pensiones. En México, históricamente, los candidatos no le dieron importancia. Y nadie los cuestionó al respecto, de la academia o la sociedad, en los medios o debates. Es preciso que esta vez pidamos a las aspirantes su plan sobre la pensión al 100% del salario, y el análisis y supuestos para hacerlo viable. O una propuesta alterna, si la tienen. 

Reforma al sistema de retiro, clave para el triunfo (o derrota) electoral

El reclamo de los trabajadores se extiende y agudiza ya sea por las adecuaciones a los sistemas de retiro típicos, o la pensión precaria en los modelos modernos:

• En España marcharon cientos de miles en oposición a la privatización de los servicios, exigiendo el alza de las pensiones y la protección constitucional de derechos laborales
• Francia fue convulsionada y el gobierno de Emmanuel Macron, debilitado, por las protestas en contra de la decisión de retrasar la edad de jubilación
• La falla esencial del modelo de las AFP en Chile derivó en estallido en 2019, de fatales consecuencias, y movilizó al electorado que dio el triunfo a Gabriel Boric. 

En cada caso, la exasperación se explica por un elemento que los gobiernos no atendieron de origen en aras de priorizar la reducción de los gastos del estado: la vida digna después del retiro. Así, la promesa fundamental en las campañas, en Sudamérica o Europa, es mejorar las condiciones a los pensionados. Su intención se desglosa en presentaciones, mítines, comparecencias y debates. El cuestionamiento principal, puntilloso, es sobre qué y cómo solucionar la insuficiencia (el aspecto social), sin daño a las cuentas públicas. El tema es tan decisivo que el resultado de la elección ha dependido de ello. 

En México, desde la implantación del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, no hubo objeciones ni presión a gobernantes ni a presidenciables en turno, ni análisis, discusión o ideas en el ámbito académico, sindical o empresarial. Se dejó correr el tiempo en contra de los afiliados. Y como no hay aún una masa suficiente de jubilados, no se han visto acá convulsiones como aquéllas.  

Tres explicaciones a pedir a las candidatas

La iniciativa para que a la jubilación se reciba el 100% del salario representa un giro crucial que cambiaría el futuro de la mayoría que hoy se resigna a una pensión exigua. La aspirante de “Morena” la hizo suya; la oposición manifestó que la apoyaría y se entiende que su candidata sigue esa línea. La cuestión es que para concretarla se requiere de muchísimo dinero, y acciones vinculadas a la demografía, la economía y el desarrollo. Tan importante como el apoyo es el detalle y sustento del plan para obtener el dinero y contener el impacto a las finanzas públicas. 

No habría que esperar a los debates para que nos digan algo. Se puede aprovechar su visita a las universidades o a los medios para preguntar qué proponen o prometen. O pidámosles que difundan un documento. Desde aquí propongo que expliquen tres puntos, al menos, para sopesar sus intenciones:

1. ¿Cuánto dinero se requiere aportar cada año al “fondo semilla”?

Para darnos una idea, el SAR acumuló en 27 años alrededor de 6 billones de pesos, según datos a enero del regulador. En la mayor parte del tiempo la aportación al ahorro fue muy baja, las comisiones altas, y privó un régimen de inversión conservador. Los trabajadores aportaron 2.9 billones de pesos, alrededor de 48% del ahorro acumulado, lo que supone una media de 109,5 mil millones de pesos al año. El 52% adicional fueron los rendimientos.

En el supuesto más elemental, con la tasa de aportación máxima de 15%, las aportaciones en 25 años serían de alrededor de 316 mil millones anuales. Con eso se aspiraría a una pensión de alrededor de 50% del salario. Y para cumplir la aspiración de 100%, considerando que las aportaciones obligatorias tripartitas se mantienen, se requerirían (a priori) alrededor 316 mil millones de pesos adicionales al año. Es un cálculo simple que, no obstante, da una idea de la magnitud de dinero que tendría que salir del erario público. 

2.  ¿A cuántos trabajadores se habrá de atender? 

El monto requerido irá en función del número de trabajadores: el SAR tenía 74,3 millones de cuentas, según cifras de Consar. En diciembre de 1997 contaba con 11,2 millones. El incremento en 27 años fue de 63 millones, alrededor de 2,74 millones de cuentas anuales. ¿En cuánto aumentarán a 5, 10, o 25 años? 

Los equipos de campaña revisarán datos demográficos futuros y las cifras económicas esperadas para contar con una estimación apropiada de la cantidad de afiliados, y en consecuencia determinar razonablemente el monto de los recursos.

3. ¿Cuál será la fuente del dinero?

El fondo semilla comienza con 64 mil millones, una tercera parte de la estimación básica dada en el punto 1. ¿De dónde saldrá el resto? Se presume que de la recaudación. 

Es la discusión con más revuelo en los medios. Algunos descalifican la iniciativa sosteniendo que el endeudamiento subirá y el gasto se desbordará. No podemos anticiparlo sin cuentas razonables y estimaciones prudentes de recaudación y egresos. También a priori, los datos de la Secretaría de Economía revelan que la cantidad referida en la primera pregunta cabría en el presupuesto: los ingresos del gobierno aumentaron 1.5 billones en el sexenio, y el alza en 2023 fue de 705 mil millones, un 12.3% sobre 2022. Cierta tasa de aumento y continuidad de la disciplina fiscal harían pensar que la iniciativa es viable. Mas no segura. Por eso se precisan más supuestos, una evaluación amplia y cruzamientos con las cifras de las dos primeros puntos. Es lo que tienen que segregar y explicar las candidatas.

A la espera de respuestas, también de candidatos al congreso

Los especialistas de los equipos de campaña habrán de hacer cálculos pormenorizados, con números realistas, para explicarnos a todos de manera convincente. Y no es que las candidatas nos tengan que decir que sí, que la reforma es viable. Si con su análisis determinan que no se puede, esperamos explicaciones suficientes y una vía alterna que sí se pueda. 

El ajuste o reforma a las pensiones compete también a aspirantes a diputados y senadores, que tienen que entender los entresijos del modelo prevaleciente y las características, detalles e implicaciones de la iniciativa. Es su responsabilidad analizar, modificar, adecuar, aprobar o rechazar las propuestas, y actuar por el bien general.